El plan de pago por uso carreteras tiene la finalidad de crear una vía de recaudación permanente para favorecer la conservación de la red de carreteras en España y, al mismo tiempo, como una medida de concienciación en materia de sostenibilidad lo cual no resulta extraño si tenemos en cuenta que aproximadamente un tercio de las emisiones contaminantes que se producen en nuestro país proceden del transporte por carretera. Pero, ¿cuál será el alcance de sus implicaciones, especialmente en lo que respecta al pago por uso? ¿Qué tipo de impacto generará en los conductores?
En realidad, hasta el momento, no contamos con un marco claramente definido y, se espera, que las medidas que integran dentro del plan experimenten actualizaciones sucesivas hasta el año 2024. A pesar de que el Gobierno reveló nueva información sobre el plan de pago en autovías durante el pasado mes de mayo, su fecha de implementación oficial se situará en torno a principios del año 2024. Además, la primera fase abarcaría una extensión de alrededor de 12.000 km de autovías y autopistas españolas para, posteriormente, agregar 14.000 km adicionales de carreteras de un solo carril.
En cualquier caso, las características específicas del nuevo plan de pago no quedarán definidas de forma oficial hasta que no se haya hecho público, algo que, por el momento, no está exento de cierta incertidumbre si tenemos en cuenta el rechazo taxativo que el proyecto ha despertado entre diferentes gobiernos regionales, asociaciones de consumidores y automovilísticas, el sector de la logística o determinados partidos políticos.
La segunda fase podría abarcar 14.000 kilómetros de carreteras de un solo carril
De momento, tal y como hemos especificado anteriormente, el objetivo principal sería la implementación del plan a lo largo de 12.000 kilómetros de autopistas y autovías y, por tanto, una amplia infraestructura nacional quedaría, en esta primera fase, libre de peajes. Por otro lado, el plan podría incluir una segunda fase a través de la cual entrase en vigor en una superficie de 14.000 kilómetros de carreteras de un solo carril, lo cual significa, que pasarían a ser carreteras de peaje.
Debido a la disparidad de opiniones que existen dentro de las diferentes administraciones, no se sabe con exactitud qué pasaría con aquellas carreteras que dependen de diputaciones o que son de titularidad autonómica. Presumiblemente, podrían quedar exentas del impuesto en caso de que el organismo competente así lo dictaminase por lo que, en este supuesto, ciertas Comunidades autónomas no cobrarían peaje tras la entrada en vigor del plan.
La implementación del plan recibirá de forma inevitable el rechazo por parte de la mayor parte de la población, sin embargo, el Gobierno ha garantizado que las tarifas asociadas al uso de autovías serán plenamente asequibles aunque lo cierto es que, por el momento, no se ha remitido ningún precio orientativo a pesar de que las previsiones lo sitúen unas diez veces por debajo del precio que actualmente presentan las autopistas de peaje.
Hacia 2018, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, propuso un precio de 3 céntimos por kilómetro para vehículos ligeros y de 14 céntimos por kilómetro para vehículos pesados. No obstante, desde el Gobierno han llegado a establecer una cuota orientativa de 1 céntimo por kilómetro.
