Llevamos mucho tiempo a vueltas con la futura Euro 7. Esta nueva normativa será tan restrictiva que encarecerá todavía más los precios de los vehículos, pero hay algo por encima de eso que es lo que está poniendo a los fabricantes europeos en pie de guerra, y con ello, también a algunos estados que conforman la Unión Europea.
Como bien sabes, a partir de 2035 no se podrán vender vehículos con motores de combustión interna, por lo que los fabricantes ya están centrando la gran mayoría de sus inversiones y esfuerzos en la electrificación. Pero la Euro 7 requiere también de grandes inversiones que para muchos fabricantes no tiene sentido llevar a cabo al considerarlo un gasto innecesario de recursos debido a que al menos en Europa es una tecnología con fecha de caducidad y en la que será el propio mercado quien naturalmente irá pivotando debido a este motivo.
Carlos Tavares, el propio CEO de Stellantis considera que la Euro 7 es una pérdida de tiempo y dinero precisamente por el motivo anteriormente mencionado. Ocho países (Italia, República Checa, Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía, Francia y Eslovaquia) han solicitado la supresión de la misma debido al grave impacto que tendría sobre la industria europea, una postura muy parecida a la de Luca de Meo, CEO del Grupo Renault y actual presidente de ACEA (Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles).
Un reciente estudio de Frontier Economics han estimado ahora que los costes se incrementarían en hasta 10 veces más que las estimaciones oficiales, en concreto, de 1.862 para vehículos gasolina y 2.629 euros para vehículos diésel. En el caso de los camiones y autobuses, el coste sería de 11.707 euros, es decir cuatro veces más de lo que inicialmente sugería la UE. Pero lo más preocupante es que ese no será el coste directo para el consumidor, sino que será superior, porque el estudio estima el coste directo de la producción de vehículos necesario para los equipos y las inversiones.
Además, supondrá un aumento en el consumo de combustible del 3,5%, o lo que es lo mismo, 650 euros adicionales para turismos y furgonetas y 20.000 euros adicionales para camiones de largo recorrido a lo largo de su vida útil.
