El escándalo reciente de Volkswagen ha destapado muchos temas tabú que hasta la fecha aunque eran vox populi, no se habían afrontado con la suficiente firmeza por parte de la industria, como es los consumos y emisiones que declaran los fabricantes en Europa y que poco se corresponden con lo que en la práctica luego se obtiene.
Una de las primeras marcas en dar un paso al frente es Opel, quien ha anunciado una iniciativa muy interesante y que esperemos que tenga calado entre el resto de fabricantes: a partir de verano de 2016 dará a conocer las cifras de consumo que se registren bajo la normativa WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures ?? Procedimientos de pruebas de vehículos ligeros armonizados a nivel mundial).
Aunque el sistema de medición WLTP se realiza en laboratorio, las condiciones que simula son más cercanas a las acciones habituales de un conductor medio, arrojando por tanto cifras mucho más realistas.
Uno de los primeros modelos en pasar por el aro será el nuevo Astra, mostrando de esta forma unas cifras mucho más acordes a la realidad respecto al ciclo de homologación europeo NEDC, que ha sido duramente criticado por arrojar cifras difícilmente alcanzables en la vida cotidiana.
De forma paralela, los ingenieros de la marca también se encuentran trabajando en reducir las emisiones de motores diésel mediante la evolución del sistema de Reducción Selectiva de Catalización para de esta forma adelantarse a la legislación RDE (Real Driving Emissions ?? Emisiones en condiciones reales de circulación) que entrará en marcha en el año 2017. Curiosamente, esas evoluciones que logren realizar, se plasmarán en aquellos modelos diésel que cumplen la normativa Euro 6 como son los Zafira Tourer, Cascada e Insignia (unas 43.000 unidades) que serán llamadas a revisión para la actualización de su software, aunque Opel no está afectada por el escándalo. Las unidades nuevas ya saldrán con estas mejoras aplicadas.
Siendo mal pensados, podríamos llegar incluso a deducir que podrían estar anticipándose a un hipotético movimiento gubernalmental que les obligue a llamar a revisión a los modelos afectados.
