Hace unos días nos enteramos que tanto Uber -que lleva poco tiempo operando en Valencia- como Cabify abandonarían la ciudad tras el decreto ley aprobado por la Generalitat Valenciana, el cual mantenía muchas similitudes con el que ya se puso en marcha en Cataluña y que también hizo que Uber y Cabify se marchasen, si bien esta última compañía de momento ha vuelto a la ciudad condal aprovechándose de un «agujero legal».
¿Qué supone el decreto valenciano? Que los conductores de VTC deben de esperar 15 minutos entre el precontrato y la ejecución del servicio, deben registrar los trayectos y clientes, no pueden circular por la vía pública para captar clientes ni hacer uso del sistema de geolocalización (por el cual los clientes sabían en todo momento el recorrido del VTC que han solicitado). Este decreto ya está en vigor, sin embargo, no será hasta dentro de dos meses cuando ambas compañías tengan la obligación de cumplirlo.
Uber ha anunciado que han adaptado su producto para cumplir con los nuevos requerimentos que entran en vigor en Valencia, pese a lo que comentábamos de su aplicación. Eso sí, han dejado patente que no consideran justos tanto para pasajeros de VTC como para conductores los cambios llevados a cabo en el decreto ley. Cabify también ha manifestado su disconformidad con la reforma, especialmente porque el 98,5% de viajes gestionados por la aplicación están por debajo de los 15 minutos de espera, perjudicando por tanto a los ciudadanos en su capacidad de decisión de opciones y perjudicando la competencia y calidad del servicio. Por ello, sus deseos van encaminados a que en un futuro «haya un marco de trabajo común entre el sector de taxi y VTC para la construcción de un modelo de movilidad en la ciudad orientado a reducir el uso del vehículo particular».
Cabify por su parte se encuentra analizando todavía el decreto llevado a cabo y sigue operando con normalidad tanto en Alicante como en València, a fin de poder realizar las adaptaciones pertinentes impuestas por la normativa autonómica. Esto es posible, claro está, al periodo de adaptación que les ha concedido el gobierno regional valenciano.
